La fundación de Danielle Miterrand, France Libertés, y
el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos,
MRAP, de Francia han exhortado al Alto Comisariado de los Derechos
Humanos a que constituya una oficina de vigilancia de los derechos
humanos en el Sáhara Occidental, “que depende de la autoridad de la ONU,
estando todavía a la orden del día, con respecto a la descolonización”.
Lejos de ser la primera reacción a las violaciones de
los derechos humanos de Marruecos en el Sáhara Occidental, esta postura
hace eco de las peticiones de otras organizaciones internacionales de
derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Right Watch. Las
dos organizaciones francesas han expresado esta postura en un escrito
conjunto que han remitido al secretario general de las Naciones Unidas,
Ban Ki Moon, el 14 de junio de 2012, para que se lo transfiera al
consejo de derechos humanos, que celebra su sesión nº 20, entre el 18 de
junio y el 6 de julio, en Ginebra.
Las dos organizaciones francesas desvelan en su
exposición los crímenes cometidos por el estado marroquí contra los
civiles saharauis en los territorios ocupados, principalmente los
crímenes de ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo tortura,
exponiendo el ejemplo del joven saharaui Said Dambar, que murió por un
disparo entre los ojos a sangre fría efectuado por un policía marroquí,
el 21 de diciembre de 2010 en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y
cuyo cadáver ha estado retenido sin dar sepultura durante 18 meses,
porque las autoridades marroquíes se niegan a hacer la autopsia para
establecer los hechos y las responsabilidades de sus servicios de
seguridad en la muerte del joven.
Considerando “el comportamiento de las autoridades
marroquíes altamente condenable”, las dos ONG francesas invitan al
investigador oficial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias a examinar cuidadosamente este caso, y otros que han sido
reconocidos por el estado marroquí, en un informe del Consejo Consultor
marroquí de Derechos Humanos, principalmente los casos de más de 350
civiles saharauis ejecutados por el estado marroquí sin ningún proceso,
entre 1975 y 1991.
Las dos ONG francesas han dicho además que “las
violaciones cometidas contra el derecho a la vida y la seguridad física
de los civiles saharauis, a menudo, han sido denunciadas por
organizaciones saharauis de derechos humanos, Estas ONG no pueden rendir
cuentas o investigar eficazmente sobre estos crímenes y abusos, porque
las autoridades marroquíes les niegan todo derecho a registrarse legal
que determine a los defensores de derechos humanos saharauis”.
Por todo ello, France Libertés y el MRAP cree que “la
protección y el respeto de los derechos humanos en el territorio no
autónomo del Sáhara Occidental, es cruelmente escasa y se unen a otras
organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, así
como a otros gobiernos para demandar la constitución de una oficina de
vigilancia del Alto Comisariado de los Derechos Humanos en esta región,
que dependa de la ONU”.
Las dos ONG jamás han dejado de hacer llamamiento al
Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la ONU en general para que
haga respetar la ley internacional en el Sáhara Occidental, y creen que
la no aplicación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y
a la independencia, sigue siendo la principal violación de los derechos
humanos en la última colonia de África.
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